La mediación como instrumento para la resolución extrajudicial de conflictos de consumo en el ámbito turístico

Las técnicas extrajudiciales de resolución de conflictos están popularizándose en los últimos años en diferentes sectores como mecanismos eficaces a la hora de ofrecer una solución económica, rápida y flexible a los problemas de los particulares y, al mismo tiempo, como forma de descargar de trabajo a Jueces y Tribunales. A lo largo de este estudio se expone el régimen jurídico de estos mecanismos, con especial referencia a la mediación, tanto en el ámbito europeo como interno, y centrando el objeto de análisis en los mecanismos de protección de los consumidores y usuarios. Partiendo de esta base, se examinan las circunstancias y problemática particular del sector turístico y se realizan algunas propuestas de mejora en relación a los instrumentos de mediación a disposición del turista para la defensa de sus derechos como consumidor.Alternative dispute resolution techniques have become popular in recent years in different sectors as efficient mechanisms to provide an inexpensive, fast and flexible solution to the problems of individuals and, at the same time, as a way to reduce workload of Judges and Courts. Throughout this study is presented the legal regime of these mechanisms, with special reference to mediation, both at the European and internal levels, and focusing the object of analysis on the mechanisms of protection of consumers and users. From this basis, the study examines the circumstances and particular problems of the tourism sector and make some improvement proposals on the mediation instruments available to the tourist for the defense of their rights as a consumer

Alternative dispute resolution. Consumer rights in disputes arising from cross-border e-commerce

El comercio electrónico, como aquella posibilidad ofrecida por la globalización para el intercambio de bienes y prestación de servicios a partir del uso de medios electrónicos, ha permitido superar las fronteras establecidas por la soberanía de los Estados, sin embargo, la regulación que se hace de este siempre resulta siendo territorial, derivando conflictos para las partes de la relación, máxime cuando se encuentran ubicadas en espacios territoriales diferentes, perjudicando los intereses de la parte débil de la relación: el consumidor. A continuación, los avances de un proyecto de investigación que busca “analizar los fundamentos normativos en los países miembros del Mercosur y la CAN que permiten la aceptación de la regulación marco de la mediación en línea, como mecanismo de resolución de conflictos derivados del comercio electrónico transfronterizo” (García, Reyes & Toro, 2014, p. 10).The globalization offered the possibility for exchange of goods and services through the use of electronic media, has overcome the boundaries set by the sovereignty of States, perhaps, the regulation is always being territorial. The territorial regulation generates conflicts for the parties in their relationship, especially when they are located in different territorial spaces, damaging the interests of the weaker party in the relationship: the consumer. Then the progress of a research project that seeks to “analyze the normative foundations in member countries of Mercosur and CAN allowing the acceptance of the framework regulating online mediation as a mechanism for resolving disputes arising from electronic commerce border” (Garcia, Reyes & Toro, 2014, 10)

Análisis de los mecanismos de control tributario para el comercio electrónico en el Perú

El trabajo de investigación que lleva como título: Análisis de los mecanismos de control tributario para el comercio electrónico en el Perú, se realizó debido a que en nuestro país no existe una única ley que regule todos los aspectos de este tipo de comercio. Además, que si bien es cierto la Administración Tributaria ha logrado realizar cambios importantes en la tecnología, sin embargo, no han modificado el problema de control tributario que se presenta hoy en día. Es por ello que nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Es viable la implementación de un control tributario para el comercio electrónico en el Perú? Se tiene como objetivo general planteado el analizar la viabilidad de la implementación de un control tributario para el comercio electrónico en el Perú, así como objetivos específicos tenemos: Revisar los aspectos legales y tributarios actuales o existentes en el Perú respecto al comercio electrónico, Analizar los vacíos existentes en la legislación tributaria que no permiten el control tributario, Determinar los mecanismos de supervisión y control por parte de la Administración Tributaria para verificar y registrar a los operadores de comercio electrónico. La investigación tiene un enfoque cualitativo y básico, es de tipo de diseño no experimental que se divide en: diseño transversal y en diseño longitudinales. El objeto de estudio es la legislación peruana y variables relacionadas

Ideas, conceptos y dilemas para la implementación de una plataforma nacional de ODR en materia de consumo en Chile desde la perspectiva UE

En la presente tesis hemos desarrollado una extensiva investigación monográfica en busca del concepto de ODR (online dispute resolution), el cual se encuentra en un constante desarrollo en el quehacer jurídico procesal comparado, sobre todo en materia del derecho de consumidor en el espacio de integración de la Unión Europea, con el impulso otorgado a la materia por la directiva 2011/2013 EU y el Reglamento 534/2013 EU,y la consecuente transposición de dichas normas a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. La búsqueda para generar un marco jurídico cada vez más proclive al consumidor dentro del mercado único europeo, ha impulsado el desarrollo de la legislación comunitaria, y la armonización con las legislaciones nacionales, existiendo grandes desafíos por delante al respecto, sobre todo en la hora de proteger al consumidor vulnerable y otros colectivos, los cuales no pueden acceder a internet para gestionar sus solicitudes y menos sostener negociaciones por dichas plataformas electrónicas. Abordamos en el trabajo de investigación el fenómeno de la desmaterialización de los procesos judiciales y ADR. Las posibilidades de una justicia digital se vuelve más que una realidad, una necesidad. La irrupción de la inteligencia artificial, el big-data y otras tecnologías de la información, nos permiten vislumbrar un proceso de ODR inteligente e integrado a las tipologías de MASC en escala electrónica. La posibilidad de implementar una plataforma ODR en Chile para resolver cuestiones de consumo respecto a la defensa del interés individual de los consumidores, es altamente posible de realizar, debido a que el país es pequeño, y podría sortear el desafío. No olvidemos que Chile desde el año 2017, adecuó su Código de Procedimiento Civil con el fin de dar curso a la tramitación electrónica, cuestión que es un éxito, pero solo afectó a la materialidad del proceso y en la esfera del derecho civil. Lamentablemente, las materias de consumidor no fueron afectadas por dicha reforma legal, lo que deja en una desprotección al consumidor, pues los obliga a litigar de la forma decimonónica, en un proceso escriturado, ritualista y lento, donde muchas veces, haciendo uso de la norma de autotutela, las demandas se presentan por el propio consumidor, sin el patrocinio de abogado habilitado, tesis avalada incluso por el Tribunal Constitucional en su histórico fallo Rol nº 4012-2017, por lo que los resultados tienden más bien a ser favorables a las empresas, que poseen staffs de abogados, perpetuándose una falta de acceso a la justicia del consumidor chileno de a pie, situación amparada por el fallo recién señalado. Hoy con la última reforma de la Ley del Consumidor Chilena del año 2018, Ley 20.081, se proveerá de justicia gratuita al menos al consumidor con carencias económicas, pero nada se dice de mejorar el acceso a la justicia del consumidor, y menos promover los ODR como solución novedosa a la falta de acceso a la justicia que los consumidores chilenos sufren en un marco multi door sistem, utilizando los métodos ADR, que también son subvalorados en la normativa nacional y su diseño como solución casi no existe. Lo que aquí proponemos es un sistema procesalmente electrónico para resolver litigios fuera de un ambiente judicial en un esquema ODR para los consumidores, utilizando el ADN de la Plataforma ODR europea. Concluimos en nuestra tesis que el desarrollo de una plataforma de ODR en Chile, es posible, teniendo en cuenta que existe un embrión de plataforma ODR en Chile que se encuentra a cargo del SERNAC- Servicio Nacional del Consumidor- quienes tienen en marcha una plataforma telemática, donde reciben en promedio más de trescientos mil reclamos a comerciantes anualmente, y el 87% de ellos se realiza por la vía de internet. Por ello postulamos que la implementación de una plataforma de ODR nacional mejorará el mercado interno nacional para el consumo, y permitiría a Chile ser líder en ventas online para el mercado sudamericano, y se estaría promoviendo una acceso a la justicia más efectivo y eficiente, cuestiones que serán exigidas por los tratados internacionales de comercio que Chile está ad portas de firmar como TPP-11. Por todo proponemos en el trabajo un cambio de mirada e interpretación a las normas presentes en Chile, con el fin de implementar la propuesta de creación de una plataforma nacional online de resolución alternativa de conflictos de consumo, dentro de un sistema multi door, siguiendo el modelo europeo, y teniendo muy en cuenta algunos casos exitosos como Bélgica, especialmente su red BELMED y las experiencias de U.K., aunque las realidades chilena y europea son diametralmente diversas en este tipo de materias, el cambio de paradigma es necesario para el desarrollo de un mercado digital chileno.In the present thesis we have developed an extensive monographic research in search of the concept of ODR (online dispute resolution), which is in a constant development in the comparative legal procedural work, especially in the area of consumer law in the integration space of the European Union, with the impulse given to the matter by the directive 2011/2013 EU and the regulation 534/2013 EU, and the consequent transposition of these rules to the legal traditions of the member states. The quest to generate a legal framework that is increasingly more consumer-friendly within the European single market has driven the development of Community legislation and harmonisation with national legislation. There are major challenges ahead in this regard, especially when it comes to protecting vulnerable consumers and other groups who cannot access the Internet to manage their requests, let alone conduct negotiations on these electronic platforms. In the research work, we addressed the phenomenon of the dematerialization of judicial processes and ADR. The possibilities of a digital justice become more than a reality, a necessity. The irruption of artificial intelligence, big-data and other information technologies, allow us to glimpse an intelligent ODR process integrated to ADR typologies on an electronic scale. The possibility of implementing an ODR platform in Chile to solve consumer issues regarding the defense of individual consumer interests is highly possible, since the country is small, and could overcome the challenge. Let's not forget that Chile since 2017, adapted its Civil Procedure Code in order to give course to the electronic processing, which is a success, but only affected the materiality of the process and in the area of civil law. Unfortunately, consumer matters were not affected by this legal reform, which leaves the consumer unprotected, since it forces them to litigate in the nineteenth century, in a written, ritualistic and slow process, where often, using the rule of self-care, the claims are presented by the consumer himself, without the sponsorship of a qualified lawyer, a thesis endorsed even by the Constitutional Court in its historic ruling No. 4012-2017, so the results tend to be more favorable to companies, which have staff lawyers, perpetuating a lack of access to justice for ordinary Chilean consumers, a situation covered by the ruling just mentioned. Today, with the last reform of the Chilean Consumer Law in 2018, Law 20.081, free justice will be provided at least to consumers with economic deficiencies, but nothing is said about improving consumer access to justice, and even less about promoting ODR as a novel solution to the lack of access to justice that Chilean consumers suffer in a multi door system framework, using ADR methods, which are also undervalued in national regulations and their design as a solution is almost non-existent. What we propose here is an electronic procedural system to resolve disputes outside a judicial environment in an ODR scheme for consumers, using the DNA of the European ODR Platform. We conclude in our thesis that the development of an ODR platform in Chile is possible, taking into account that there is an embryonic ODR platform in Chile that is in charge of SERNAC - National Consumer Service - which has a telematic platform in place, where they receive an average of more than three hundred thousand claims to merchants annually, and 87% of them are made through the Internet. Therefore, we postulate that the implementation of a national ODR platform will improve the domestic market for consumption, and would allow Chile to be a leader in online sales for the South American market, and would be promoting more effective and efficient access to justice, issues that will be required by the international trade treaties that Chile is about to sign as TPP-11. For all these reasons, we propose a change of look and interpretation to the rules present in Chile, in order to implement the proposal of creating a national online platform for alternative resolution of consumer disputes, within a multi-door system, following the European model, and taking into account some successful cases such as Belgium, especially its BELMED network and the experiences of the U.K., although the Chilean and European realities are diametrically different in this type of matters, the change of paradigm is necessary for the development of a Chilean digital market

Justicia digital para el consumidor.

En este libro nos adentraremos en un tópico que se encuentra en pleno desarrollo, tanto en la doctrina como en las legislaciones procesales comparadas. Hemos definido esta obra como una de carácter marcadamente monográfica, la idea es encontrar los elementos centrales del sistema ODR en la literatura más reputada y reciente, y verificar a través de una análisis doctrinario legal las posibilidades de las normas chilenas de protección al consumidor que permitan dar vida a un sistema multi door en un contexto ODR en Chile, mirando siempre la legislación comunitaria más relevante en la materia. El derecho de consumo es un sector del derecho privado con un constante cambio y expansión en las legislaciones comparadas entre Chile y EU, y es un sector interesante para el desarrollo de los métodos ADR, especialmente en su vertiente online denominados: ODR, expresión que utilizaremos en adelante. Gracias a una corriente expansiva del ADR en el mundo, influido éste por la experiencia de los E.E.U.U, hoy podemos ver como las legislaciones procesales europeas y americanas tienden a incorporar estas figuras, configurando el denominado: “multi door system”. El desarrollo de la tecnología de la mano de la irrupción del movimiento ADR, ha permitido el desarrollo de los ODR (Online Dispute Resolution) en materia de Consumo, especialmente en el contexto europeo. La entrada en vigor de la Directiva 2013/11/EU y su Reglamento UE. 524/2013, ha supuesto un cambio de paradigma al respecto, y un impulso a las ODR en materia de consumo, el funcionamiento de la plataforma online ha sido una apuesta simplificadora para todos los consumidores de la UE y un fortalecimiento del mercado único digital europeo, aunque las cifras entregadas por la EU sobre el uso de la plataforma no son significativas. El influjo de la Directiva 2013/11/EU, que obligaba a los países miembros a transponer la normativa Europea sobre ODR de consumo a su legislación interna significó un nuevo impulso a las formas de resolución alternativa de conflictos (ADR) en la legislación de todos los países, siempre teniendo en cuenta los matices de cada tradición jurídica, así estas materias aplicadas al consumo y en conexión con la tecnología de la información y TICs se transformó en un visión de plataforma ODR. Por esto es de especial relevancia la implementación de una Plataforma Europea de resolución alternativa de litigios y que ésta sea online, promoviendo de 7 este modo las ODR (online dispute resolución) en el mercado común europeo, ya que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea querían dotar al mercado único digital de una ventanilla única de reclamación para los consumidores de su mercado, pensando en las transacciones internacionales. Todo esto nos interesa abordar en nuestro TFM. Me propongo estudiar los principios e innovaciones contenidas en el Reglamento respecto a los ODR. Entonces, teniendo claro el panorama de la UE, proponer unas bases para la implementación de una plataforma nacional de resolución alternativa de litigios online en Chile, siguiendo como referencia la experiencia UE y el influjo de la legislación comunitaria.In this book we will go into a topic that is in full development, both in doctrine and in comparative procedural legislation. We have defined this work as one of a markedly monographic nature, the idea is to find the central elements of the ODR system in the most reputable and recent literature, and to verify through a legal doctrinal analysis the possibilities of Chilean consumer protection regulations that allow give life to a multi door system in an ODR context in Chile, always looking at the most relevant community legislation on the matter. Consumer law is a sector of private law with a constant change and expansion in the comparative laws between Chile and the US, and it is an interesting sector for the development of ADR methods, especially in its online aspect called: ODR, an expression that we will use onwards. Thanks to an expansive current of ADR in the world, influenced by the experience of the USA, today we can see how European and American procedural laws tend to incorporate these figures, configuring the so-called: “multi door system”

Comercio electrónico transfronterizo, perspectivas desde la solución de controversias por vía informática

El comercio electrónico se ha desarrollado a partir de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información, que permite que las relaciones comerciales se extiendan más allá del territorio nacional de un Estado, debido al fenómeno económico de la Globalización, dándole la calidad de comercio electrónico transfronterizo, que nace de la celebración de un contrato electrónico que otorga mayor tranquilidad al consumidor en internet. Sin embargo, de dichas relaciones se pueden suscitar conflictos con la adquisición del producto o del servicio, tal vez por no cumplir con las necesidades del consumidor o tal vez por ser un producto defectuoso. En virtud de ello, se generan las soluciones de controversias por vía informática o las denominadas ODR Online Dispute Resolution, con la única finalidad de resolver los conflictos generados con las relaciones de comercio electrónico, partiendo de los diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos con el componente tecnológico que beneficia a las partes que se encuentran en territorios distintos.E-commerce has been developed from the tools of new information technologies, which allows trade relations extend beyond the territory of a State, due to the economic phenomenon of globalization, giving the quality of e-commerce border, which arises from the conclusion of an e-contract that gives peace of mind to consumers on the Internet. However, such relationships can lead to conflicts with the purchase of the product or service, perhaps, for not meeting consumer needs or perhaps, be a defective product. Under this, the solutions generated by computer dispute or so-called ODR - Online Dispute Resolution, for the sole purpose of resolving conflicts generated by e-commerce relationships, based on Alternative Dispute Resolution - ADR- with the technological component that benefits the parties are in different territories.Especialista en Derecho ComercialEspecializació

Evolución del derecho de las telecomunicaciones y la protección del consumidor en el servicio telefónico en los ordenamientos jurídicos español, italiano y boliviano.

La aparición y la acelerada expansión de procesos iniciados en la década de los años ochenta, tales como la liberalización de la economía, la privatización, la globalización y la evolución de las tecnologías de la información (TIC), han abierto paso a un nuevo escenario a nivel mundial, el cual, partiendo del modelo económico del libre mercado, ha llevado a diversas transformaciones sustanciales de caracter económico, jurídico, político y social implementadas a escala global. Entre otras cuestiones, estas transformaciones han facilitado la apertura del mercado, permitiendo mayor concurrencia entre las empresas y mayor circulación y diversificación de productos y servicios a nivel mundial; lo cual, a diferencia de cuanto sucede en presencia de un mercado monopolístico u oligopolístico, tiende a traer consigo diversos beneficios para la economía en general; y particularmente, para los consumidores y usuarios y para las propias empresas en competencia: permite que los países desarrollen un sistema económico de integración con otras naciones, efectuando así un intercambio de interés global que facilita el comercio; aporta a la libertad de comercio de bienes y servicios a escala mundial; promueve la innovación tecnológica favoreciendo los niveles y la rapidez de producción; permite que las empresas compitan con mayor fuerza en el mercado, disminuyendo sus costes de producción; facilita la expansión de los negocios a escalas nacional o internacional; y permite que los clientes tengan acceso a mayores opciones; esto es, a una oferta más amplia de bienes y servicios globales, con mayor diversificación y mejor calidad, a precios más bajos. Sin embargo, no se puede afirmar que el incremento en la oferta de bienes y servicios en el mercado se traduzca de forma automática en el hecho de que los consumidores y usuarios cuenten con condiciones de contratación absolutamente equilibradas y favorables, a través de las cuales las empresas mantengan y refuercen los principios de eficiencia, transparencia, de responsabilidad empresarial y de buena fe esperados, y que, consecuentemente, los clientes puedan obtener un resultado justo en relación a la calidad del servicio efectivamente brindado -o del bien adquirido- y el precio pagado. De hecho, de la continua información que circula en medios de comunicación (Internet, prensa, televisión, radio), así como de los datos emitidos por las diversas Asociaciones de los Consumidores y de aquellos publicados por las Autoridades encargadas de regular a las empresas en sus relaciones con los usuarios y consumidores, se pueden verificar las constantes y crecientes reclamaciones y denuncias efectuadas por los consumidores y usuarios, quienes muchas veces se encuentran en dificultad por los abusos y el comportamiento incorrecto de las empresas y de los operadores de los bienes y servicios; en modo particular, de aquellas encargadas de la prestación de servicios básicos, tales como los servicios de telefonía, energía eléctrica, agua y gas (estafas telefónicas, publicidad engañosa, facturas excesivas, activación de servicios no requeridos, modificación unilateral de tarifas y de otras condiciones contractuales, etcétera). Así pues, se destaca que los clientes de los servicios básicos son quienes mayormente se lamentan porque desconocen la información y el procedimiento a seguir para efectuar reclamaciones, o, incluso informándose acerca de dicho procedimiento e iniciándolo, en la práctica encuentran dificultad para hacer valer sus derechos y arribar a una conclusión satisfactoria de la reclamación en términos de simplicidad, costes y tiempo. A las dificultades antes referidas, se debe añadir el hecho de que actualmente se está atravesando un periodo de crisis económica que afecta a millones de familias a nivel global, las que, además de deber afrontar los problemas relativos a la pérdida del poder adquisitivo del dinero, prácticamente se ven constringidas a tener que pagar por servicios o consumos no debidos; o por el contrario, iniciar procedimientos de reclamación, que muchas veces resultan largos y tediosos y no conllevan a alcanzar un resultado satisfactorio para el usuario. A partir de los antecedentes generales antes señalados, efectuando un primer análisis relativo a los servicios básicos en los que se presentan el mayor porcentaje de reclamaciones, tanto en los Ordenamientos jurídicos español, italiano y boliviano, se pudo observar que la mayor parte de dichas reclamaciones son presentadas en el sector de las telecomunicaciones. En línea con lo anterior, se enfatiza que gracias al avance tecnológico y a la liberalización de las telecomunicaciones, actualmente los servicios de telecomunicación ya no se conciben como un simple medio de comunicación entre personas distantes, habiéndose convertido más bien en una herramienta esencial para establecer relaciones jurídicas entre dos o más sujetos. Dentro de los diversos servicios de telecomunicaciones, se destaca que aquél que ha tenido mayor desarrollo, es el servicio telefónico. En este contexto, se recuerda que hasta hace menos de 40 años atrás, además de que el acceso al servicio telefónico muchas veces podía representar un privilegio debido a sus altos costes de tarificación, dicho servicio permitía simplemente efectuar y recibir llamadas de voz sin retardos relevantes a partir de una instalación fija. Empero, actualmente, gracias al desarrollo tecnológico, es posible, no solo acceder a la telefonía fija tradicional, sino que asimismo es factible efectuar llamadas desde un terminal móvil o incluso mantener conversaciones con contacto visual a miles de kilómetros. Así pues, se puede señalar que a nivel global, en las últimas décadas el sector de las telecomunicaciones ha sido objeto de grandes modificaciones y de importantísimas innovaciones tecnológicas, aspectos éstos que han conllevado a una nueva concepción de las telecomunicaciones. En mérito a estas razones y con la finalidad de poder aportar una cronología que refleje la evolución y los cambios sustanciales producidos en el sector, se ha considerado importante analizar la evolución de la regulación de las telecomunicaciones en tres distintos países: Italia, España y Bolivia. Sobre los dos primeros, la investigación ha sido efectuada con la intención de analizar cómo y en qué medida se dió cumplimiento a las disposiciones comunitarias recibidas y transpuestas en los propios Ordenamientos nacionales, para posteriormente analizar los principales puntos de coincidencia y divergencia existentes entre estos países en cuanto respecta el Derecho de las Telecomunicaciones, específicamente, desde el punto de vista de la protección del consumidor en el servicio de telefonía; y sobre el tercero, la investigación ha sido realizada con la intención de analizar las semejanzas y diferencias entre las disposiciones emanadas por un Estado ajeno al Derecho comunitario y aquellas provenientes de una matriz europea en el sector de las telecomunicaciones; para luego analizar todas las fortalezas que puedan ser tenidas en cuenta para obtener una mayor protección del consumidor de “comunicaciones electrónicas” en los Ordenamientos jurídicos español e italiano. En relación con lo antes indicado, el presente trabajo contiene (además de un análisis del Derecho actual relativo a la protección del consumidor en el servicio de telefonía en los Ordenamientos jurídicos español, italiano y boliviano) una compilación de las distintas normas inherentes al Derecho del Consumo y de las Telecomunicaciones que paulatinamente han sido dictadas por el legislador europeo y, consiguientemente han sido recogidas, muchas veces de forma dispersa, en los Ordenamientos de los países miembros de la Unión Europea; entre éstos, España e Italia. Por tanto, en los Capítulos I y II de este trabajo, se ha partido del origen del Derecho del Consumo y de las Telecomunicaciones (tomando como base el Derecho europeo), para despúes proceder al estudio de su evolución, y luego analizar la correspondiente regulación actual de estas materias. Se ha utilizado el mismo razonamiento al momento de estudiar el Derecho actual de telecomunicaciones (enfocado en la proteccion del consumidor del servicio de telefonía) en el sistema boliviano, que se contempla en el Capítulo V de este trabajo. Se destaca que en el caso boliviano, existen políticas comunes que, en el ámbito del MERCOSUR han sido dictadas en el sector de las telecomunicaciones con el propósito de incentivar la creación de un proceso de integración regional. Además, si bien Bolivia se ha adherido al MERCOSUR, por el momento dicha adhesión no ha sido ratificada por el Congreso de todos los Países miembros, razón por la que las decisiones y Directivas de esta entidad supranacional, aún no son aplicables en Bolivia. Por tanto, si bien el MERCOSUR ha promulgado distintas directivas en el sector de las telecomunicaciones, éstas solamente son vinculantes para los Países que son miembros plenos. Como resultado de ello, en Bolivia rigen solamente las normas promulgadas por sus propios legisladores nacionales. Así pues, la evolución normativa en el Derecho de las telecomunicaciones, con énfasis en la protección del consumidor en el servicio telefónico, ha sido analizada y plasmada porque es evidente que la modificación del contexto político, social, económico, así como los diversos progresos tecnológicos que experimenta la sociedad, muchas veces producen que el legislador efectúe modificaciones para que la Ley pueda adaptarse y responder a las exigencias de dicha sociedad. Por tanto, se considera que gracias al análisis de la situación histórica y sus consecuentes cambios, se puede comprender con mayor claridad, no solo el origen, y los motivos de las modificaciones efectuadas, sino también las razones en las que se fundan y sostienen las disposiciones legales aplicables de la materia, permitiendo así tener un conocimiento íntegro sobre estas cuestiones. Asimismo, se espera que esta labor de recopilación normativa pueda contribuir en algún modo a que los futuros estudiosos de la materia cuenten con una compilacion sobre las Leyes que paulatinamente han sido adoptadas en la materia, que les permita comprender de forma suscinta no sólo (i) el origen, (ii) las modificaciones y (iii) las causas que han llevado a dichos cambios; sino que también les permita contar con un panorama ordenado y coherente, sin tener que acudir para ello a la revisión -desde sus orígenes- de normas dispersas y diversas, antes de comprender a cabalidad las razones y fundamentos del Derecho sectorial vigente. Indicado lo anterior, se puntualiza que la presente tesis doctoral pretende atender principalmente a las siguientes cuestiones: en primer lugar, analizar la evolución de la regulación relativa a la protección general de los consumidores, en el ámbito comunitario y en los Ordenamientos jurídicos español e italiano. En segundo lugar, atender a la evolución y al proceso de liberalización de las telecomunicaciones en el ámbito comunitario y en los Ordenamientos jurídicos español e italiano, para posteriormente enfatizar en las cuestiones relevantes recogidas en la normativa vigente promulgada en el sector de las telecomunicaciones en estos dos países. En tercer lugar, analizar el contrato de servicio telefónico en los Ordenamientos jurídicos español e italiano. En cuarto lugar, explicar los sistemas de resolución alternativa de conflictos aplicables al contrato de servicio telefónico en los Ordenamientos jurídicos español e italiano. En quinto lugar, analizar la regulación general en el Derecho del consumo y en el Derecho de las telecomunicaciones en el Ordenamiento jurídico boliviano, dentro del cual se incidirá en la evolución y en el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en este país, enfatizandose en las cuestiones relevantes recogidas en la vigente Ley de telecomunicaciones boliviana y en su normativa de desarrollo. Se incidirá además en el contrato de servicio telefónico y en los sistemas de resolución alternativa de conflictos, aplicables al contrato de servicio telefónico en el Ordenamiento jurídico boliviano. En el sexto Capítulo, se efectuarán las conclusiones y consideraciones generales que recogen los aspectos más sobresalientes de la investigación realizada. Finalmente, a través de los Anexos, de forma ejemplificativa se plasmarán algunos documentos que complementan la investigación efectuada, tales como los modelos de contrato tipo con condiciones generales de contratación del servicio telefónico existentes en España, Italia y Bolivia; la Carta de los servicios italiana; algunos modelos de decisiones arbitrales (España); ejemplos de decisiones de la Autoridad sectorial adoptadas en materia de resolución alternativa de conflictos entre operadores y usuarios (Italia); y, datos estadísticos relativos a las reclamaciones presentadas en el sector de las telecomunicaciones (España, Italia y Bolivia)

La protección constitucional del consumidor de los servicios públicos regulados en el Perú

Analiza la protección constitucional del consumidor en las constituciones de 1979 y 1993 y las características del mercado de servicios públicos en el Perú, para establecer las diferencias entre los consumidores de servicios públicos regulados y los consumidores de otros mercados, para medir el nivel de protección que brinda el actual marco constitucional al consumidor de servicios esenciales y proponer una reforma parcial de la Constitución basado en el principio de igualdad que procura trato diferenciado a sujetos de derecho que se encuentra en desigualdad de condiciones. Para ello, utilizando el método funcional, no solo se examinan los antecedentes normativos y constitucionales del sistema de protección, sino que mediante el estudio de la teoría de la noción de servicios públicos, se indaga en los acontecimiento sociales, económicos y políticos de la crisis del servicio público en el Perú, valiéndose para ello de información estadística de organismos reguladores y el agente de la competencia (INDECOPI). Además de entrevistas a especialistas en derecho constitucional, derecho administrativo y derecho de protección al consumir. Para finalmente contrastar la hipótesis de investigación a través del procesamiento de la información, lo que permite proponer una fórmula de reforma constitucional que postula el reconocimiento de los derechos del consumidor de servicios públicos y la autonomía constitucional de los organismos reguladores.Tesi